10 EJES PARA RESCATAR A LAS PERSONAS

VALOR SINDICAL
Blog de Pepe Álvarez, Secretario General de UGT

En mi artículo del pasado sábado hacía un descarnado análisis de la situación sociolaboral del país y reclamaba medidas urgentes. UGT tiene propuestas y, como continuación a ese análisis, quiero trasladaros algunas de ellas para dar respuesta a esas situaciones que describía. Para hacerlo lo más descriptivo y esquemático posible, he agrupado en 10 ejes las actuaciones más urgentes y que tendrían una mayor repercusión para corregir los problemas que señalaba.

Primero, el empleo.

Es urgente poner en marcha un Plan De Choque Por El Empleo, con una especial atención a los colectivos con mayores dificultades, como mujeres, mayores de 52 años, parados de larga duración, la universalización del contrato relevo, la potenciación de la formación y la recualificación, y la orientación profesional, sin olvidar, el desarrollo y la implementación del Plan de Choque por el Empleo Joven, porque no es posible hablar de futuro cuando la mitad de nuestros jóvenes está en el paro.

Además, es necesario actuar sectorialmente para generar un modelo de productivo generador de empleo de calidad, y para ello hay que impulsar un Pacto por la Industria, un Plan de Empleo por el Medio Ambiente, un plan de Estado por la Rehabilitación y la Eficiencia Energética, y un Plan Por El Turismo Y Los Servicios de Calidad.

Impulsar un pacto por la industria

Que aumente su peso en el PIB hasta el 20% y lo convierta en el principal generador de empleo estable y con derechos, basado en 5 ejes: formación, I+D+i; digitalización, estrategia energética, implicación de todas las administraciones para favorecer el desarrollo industrial.

Debemos ser conscientes de que solo será posible mejorar la calidad en el empleo y el estado de bienestar si somos capaces de desarrollar una industria 4.0 competitiva.

Ya sea en el marco de la subcomisión del Senado o en otro marco es posible desarrollar la industria a partir del consenso y como eje estratégico de país.

Acometer un plan de empleo por el medio ambiente

Para la regeneración y cuidado del entorno natural: bosques, ríos, costas. No tiene sentido que España tenga tres millones de parados y a la vez estén sin limpiar sus bosques, costas y riberas de los ríos con los riesgos, no solo medio ambientales, que conlleva.

Promover un plan por el turismo y los servicios de calidad

Capaz de generar de empleo estable, bien remunerado y con derechos. Necesitamos turismo de calidad que nos permita dar el salto y pasar del contrato temporal al contrato indefinido con cualificación, como el fijo discontinuo, que permita trabajadores formados y con perspectivas de estabilidad laboral.

Tenemos que dejar de contar los años turísticos en función del número de visitantes y hacerlo en base a los recursos que dejan, pasar del apartamento turístico al hotel. Evitar morir de éxito y generar los elementos que garanticen un sector turístico estable, sostenible y con futuro.

Segundo, salarios.

Somos conscientes de que la Negociación Colectiva es la clave de la recuperación de salarios y de condiciones de trabajo, y un reparto más equitativo de la renta y la riqueza que se genera. Hay que desarrollar el IV Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva (IV AENC) firmado por sindicatos y patronal el 5 de julio, que recoge subidas salariales de 2018 a 2020 de hasta un 3%, y el aumento de los salarios mínimos de convenio hasta al menos 1.000 euros al mes, con catorce pagas.

Tenemos que proseguir en la consecución de un Salario Mínimo Interprofesional de 1000 euros por 14 pagas y revalorizar el IPREM para que recupere el poder adquisitivo perdido y dotarlo de un sistema de revalorización automática con el IPC. No hay que olvidar que el IPREM es un referente para el subsidio de desempleo, la concesión de ayudas, becas, subvenciones y otras políticas públicas que afectan a colectivos vulnerables económica y socialmente.

Tercero, contratación.

Hay que derogar la Reforma Laboral de 2012. Mientras, debemos introducir cambios urgentes en nuestro mercado laboral:

  • Obligatoriedad del Registro Horario (artículo 35 del ET).
  • Cuando una empresa sea sancionada porque un trabajador esté trabajando de manera fraudulenta, en los dos años siguientes, si ese trabajador es despedido de manera improcedente, el despido será declarado nulo.
  • Es necesario el cruce de datos entre el SEPE, la Seguridad Social y la Agencia Tributaria, con el objeto de detectar indicios de fraude en la contratación o las condiciones laborales por parte de una empresa.
  • Reforzar la inspección laboral, apoyada por la policía y resto de las fuerzas de seguridad del estado, a las que habría que dotar de la formación necesaria.
  • Creación de una fiscalía especializada en derechos laborales, como ya existe en materia de siniestralidad laboral.
  • Recuperar la autorización administrativa previa para la ejecución de los ERES.
  • Recuperación de las causas objetivas en caso de despido anteriores a la Reforma de 2012.
  • Situaciones como las que estamos viviendo en Alcoa, Cemex o Sargadelos pone en evidencia que nuestra legislación flaquea y no se puede dejar en manos de las empresas, sin la intervención administrativa previa, decisiones como las que están tomando.
  • Alcoa es un ejemplo de una empresa con beneficios que no ha hecho las inversiones a pesar de recibir subvenciones de la Administración.
  • Cemex es el exponente de una empresa con dividendos que, tras obtener durante años beneficios de su entorno, lo abandona a su suerte.
  • Sargadelos es el colmo de la persecución sindical y de cómo atentar impunemente contra la libertad sindical, de una manera absolutamente obscena, a vista de todo el mundo y sin que las autoridades laborales hagan absolutamente nada.
  • Hay que dejar absolutamente claros qué compromisos adquiere una empresa que recibe subvenciones públicas. Tienen que estar recogidos en los convenios colectivos y sujeto a la participación, control y verificación por parte de los sindicatos.

Cuatro, siniestralidad laboral.

En estos precisos momentos ya sabemos que 2 trabajadores morirán antes de que termine la jornada laboral de hoy. Es el peso con el que nos levantamos cada día y que tiene causas:

  • La precariedad mata. Por eso necesitamos instrumentos ágiles para prevenir y acabar con esta situación de indignidad.
  • Hay que penalizar a las empresas que incumplan y tengan siniestros laborales, impidiendo además que puedan acceder a subvenciones y ayudas públicas.
  • Poner en marcha un Plan de Choque contra la Siniestralidad Laboral.
  • Habilitar juzgados especializados en esta materia.
  • Prohibir la subcontratación en cadena.
  • IT: existe una obsesión por criminalizar las bajas médicas y poner en duda la profesionalidad de los facultativos. No hablaremos de esta cuestión hasta que haya el Observatorio del Absentismo y tenga conclusiones y conozcamos sus resultados.

Cinco, políticas sociales.

Es necesario apoyar a los parados de larga duración mayores de 50 años, mediante:

  • Planes de empleo para la reincorporación de estas personas al mercado de trabajo en condiciones dignas.
  • Cuando no sea posible, asegurar sus ingresos y complementar las cotizaciones sociales de cara a la jubilación.
  • Por otra parte, es fundamental una Prestación de Ingresos Mínimos para jóvenes (Plan de Garantía Juvenil) y la tramitación urgente de la Ley de Prestación de Ingresos Mínimos.
  • Es vital garantizar el derecho a una sanidad universal, potenciando la naturaleza pública del Sistema Nacional de Salud y la equidad y gratuidad en el acceso a sus prestaciones, eliminando los copagos farmacéuticos.
  • Es preciso hacer más asequible la vivienda, creando un potente parque público de viviendas sociales para el alquiler, aumentando la inversión en esta materia y primando como estrategia pública la rehabilitación y la eficiencia.
  • Hay que garantizar las oportunidades de acceso a la Universidad: que ningún joven deje de cursar estudios universitarios por cuestiones económicas.

Seis, reforzar nuestro estado de bienestar

Los niveles de pobreza y exclusión social son intolerables. Nadie debe quedar excluido del sistema protección social. Este eje debe abordar varias líneas de actuación.

Pensiones

Tenemos que asegurar un nivel de pensiones digno, para ello hay que volver al acuerdo de 2011 y derogar las reformas posteriores.

La revalorización no es un tema resuelto. Solo solucionado para 2018 y 2019. De manera inmediata hay establecer un mecanismo de revalorización automática de las pensiones con el IPC y eliminar el llamado Factor de Sostenibilidad. El Gobierno podría actuar por decreto. Tiene que tomar decisiones.

Además, hay que asegurar la viabilidad futura del sistema de Seguridad Social, que no tiene un problema de gasto, sino de ingresos. Gastamos menos que la media de la eurozona. Hay que recaudar más, complementando las cotizaciones sociales con impuestos, destopando la pensión máxima, quitando gastos que no le son propios al sistema, eliminando las bonificaciones a la contratación, subiendo los salarios y acabando con el fraude fiscal.

Y no vamos a negociar ampliación de años de cotización. 25 son más que suficientes y entrarán en vigor en 2023.

Si no se avanza en esta materia, tendremos que retomar las movilizaciones.

Dependencia

Es también imprescindible activar de forma plena la ley de Dependencia, asegurando la percepción de prestaciones para las personas beneficiarias e incrementando sus cuantías.

Prestaciones por desempleo

Y tenemos que aumentar y extender la duración y cobertura de las prestaciones por desempleo. UGT considera imprescindible una propuesta de modelo de sistema de protección por desempleo, con la participación de los interlocutores sociales, que absorba al colectivo de potenciales beneficiarios del PAE y del PREPARA, algo que el Real Decreto-Ley tampoco especifica. Es necesario también comenzar la negociación para reformar el sistema de protección por desempleo, fruto de la reforma laboral de 2012, que deja fuera de cobertura a la mitad de los parados.

Siete, Igualdad: lograr una sociedad más igualitaria, en todos los ámbitos

Igualdad entre hombres y mujeres, trasladando a la realidad las justas reivindicaciones feministas que han desbordado nuestras calles en el último año, comenzando por la aprobación de una Ley De Trasparencia e Igualdad Salarial que equipare por fin el valor del trabajo realizado por las mujeres al de los hombres, estableciendo retribuciones económicas para los permisos para cuidados familiares y abordando de manera inmediata actuaciones contundentes para erradicar la violencia machista.

Además, en el ámbito laboral, debe ser obligatorios los planes de igualdad y protocolos de acoso, y UGT va a crear una red de agentes de igualdad en las empresas, con formación y sensibilidad en materia de igualdad, acoso y violencia machista. Igualdad de trato y no discriminación, aprobando una ley específica que incentive su cumplimiento y penalice conductas contrarias. Y también igualdad de oportunidades profesionales y vitales, que debe traducirse en un sistema educativo equitativo, lo que pasa por derogar la LOMCE y sustituirla por una Ley asentada en un amplio pacto social y político por la educación.

En el ámbito social, la policía tiene que proteger objetivamente a las mujeres maltratadas. Las muertes son la punta del iceberg del maltrato y entre todos debemos generar el clima de opinión para cambiar esta situación.

Ocho, transición energética justa

La transición tiene que ser justa y con el tiempo necesario, que nadie se quede en el camino, porque si no ni será transición ni justa.

La Ley de Cambio Climático y Transición energética debe ser una oportunidad para cambiar nuestro modelo productivo, pasando de una economía basada en la especulación urbanística y en los servicios turísticos, en condiciones de elevada precariedad, a otra basada fundamentalmente en una industria de alto valor añadido, en sectores sostenibles, donde se genere empleo decente y de calidad. A su vez, debe ser un instrumento para alcanzar un sistema energético eficiente y que fomente el uso de las energías renovables a gran escala. Debe ser ambiciosa, pero justa y fruto de un Pacto Social de Estado, es decir, “debemos establecer un sistema de Gobernanza para que la lucha contra el cambio climático y las medidas a adoptar no dependen del signo político del Gobierno de turno y que el peso de las medidas no recaiga, como siempre, en los que menos tienen.

Esta ley debe prever la aprobación de un Plan Estratégico sobre Transición Justa, en la que deben intervenir distintos ministerios (Medio Ambiente, Energía, Industria, Fomento, Economía y Empleo) y contar con la participación de los interlocutores sociales. Se trata de paliar los posibles efectos negativos que pueda tener el paso del actual modelo económico, asociado a las emisiones contaminantes, a otro modelo de economía verde y maximizar las oportunidades. Hay que proteger a los trabajadores y las trabajadoras de los sectores que tengan que transformarse, al mismo tiempo hay que establecer medidas de apoyo a políticas industriales, una protección social específica, inversiones públicas para reactivar la economía de zonas afectadas y facilitar la adecuación de la formación y capacitación de los trabajadores.
El Plan Estratégico debe contar con un Fondo para la Transición Justa, dotado a través de los Presupuestos Generales del Estado y de instrumentos fiscales, y a su vez debe definir Planes de Reactivación Territoriales

Nueve, libertades públicas

Es necesario actuar para garantizar las libertades y los derechos fundamentales y de ciudadanía, Es urgente: Derogar la Ley Orgánica 4/2015, de 30 de marzo, de protección de la seguridad ciudadana (Ley Mordaza), Derogar el art. 315.3 del Código Penal, que criminaliza facultades esenciales para ejercer el derecho de huelga, y exonerar a todos los trabajadores y trabajadoras procesados y/o condenados por participar en una huelga, eliminando los expedientes que se les han abierto y tomar todas las medidas legales necesarias, indultos incluidos, para cerrar todos los procedimientos.

El Tribunal Supremo y el caso de las hipotecas es el ejemplo de que la justicia lleva arrastrando los pies en esta materia, moviéndose a golpe de sentencias europeas, al igual que el Gobierno. Como si hubiera algún bien superior a proteger que la ciudadanía.

Por el contrario, tenemos el caso de la libertad sindical. Un empresario despide a la mitad de la plantilla para obligar a la revocación de una delegada de personal, a la vista de todos, con publicidad, con información en los medios de comunicación. Cuando lo consigue, readmite a la plantilla despedida. Mientras, ninguna autoridad laboral, ningún fiscal y ningún juez actúa para detener este atentado contra la libertad sindical.

Diez, conseguir un sistema tributario que recaude más y de manera más justa

Los impuestos son la principal fuente de financiación de ingresos del Estado, y por tanto, de financiación de las políticas públicas. En la actualidad, España recauda 7,2 puntos porcentuales de PIB menos que la media de la zona euro, 33,9% frente a 41,1%. Esto supone que nuestro país deja de recaudar el equivalente a 80.000 millones de euros respecto de esa media recaudatoria de nuestros socios en Europa, lo que determina también nuestras capacidades de gasto. Cambiar esto es crucial para el desarrollo del país.

Necesitamos más ingresos para gastar más y de manera más eficiente, mejorando la calidad de vida de la mayoría de la población. Además, nuestro sistema fiscal es injusto, porque no pagan proporcionalmente más los que poseen mayores rentas, sino que el sistema recae, sobre todo, en las familias asalariadas. Hay garantizar una mayor suficiencia de los ingresos y un reparto más justo del esfuerzo, haciendo que paguen más las rentas del capital, las grandes empresas y la acumulación de riqueza, y para ello es fundamental: dotar a la Agencia Tributaria de los medios humanos, materiales y técnicos necesarios para luchar con mayor efectividad contra el fraude, y agravar el régimen sancionador; en el IRPF, hacer que paguen lo mismo las rentas del trabajo y las del capital (ahora favorecidas con una tarifa más benévola), seguir mejorando la tributación de los autónomos según sus ingresos reales y revisar la mayoría de reducciones y deducciones fiscales (como la de las aportaciones a planes de pensiones y mutualidades de previsión social de ámbito privado); establecer una imposición real sobre la riqueza, con carácter general, que integre todo el patrimonio de los contribuyentes; en el Impuesto de Sociedades, seguir limitando al máximo las exenciones, deducciones y bonificaciones y garantizar un tipo efectivo mínimo (como el que se ha propuesto en el Acuerdo), en el IVA, impulsar (en los ámbitos europeos) un tipo impositivo ampliado para los bienes de lujo, y eliminar la exención de sanidad y educación privadas; diseñar una fiscalidad ambiental que nos equipare a Europa, en su vertiente de protección medioambiental como en su capacidad recaudatoria, con criterios de cohesión social y territorial, aumentar la fiscalidad a los pisos vacíos; gravar de forma homogénea y de manera más elevada las sucesiones y donaciones en todo el territorio nacional; poner en marcha el impuesto a la banca y las transacciones financieras; impulsar la armonización fiscal en la Unión Europea, eliminando los paraísos fiscales

Y Europa

Es preciso impulsar, con actuaciones coordinadas y concretas, una nueva construcción europea que prime los derechos sociales y fundamentales sobre las cuestiones puramente económicas y empresariales, para recuperar un verdadero progreso económico y social. Por ejemplo: el establecimiento de un seguro de desempleo a nivel europeo; acordar una política migratoria común que suponga un compromiso real con la defensa del derecho de asilo y el respeto a los derechos fundamentales de los migrantes; intensificar la lucha contra los paraísos fiscales y la evasión y elusión tributaria de las grandes multinacionales; coordinar una estrategia común que regule las nuevas formas de relación laboral, como las plataformas digitales, preservando los derechos y garantías de los trabajadores y las trabajadoras.

Nuevo Contrato Social

Desde UGT, en este año en que cumplimos 130 años de historia, emplazamos al Gobierno a que abra y lidere este proceso de diálogo de profundo calado para intentar alcanzar un nuevo contrato social que sirva para promover solidariamente una sociedad más próspera y justa.

Es la hora de recuperar un nuevo contrato social, para recuperar derechos y libertades. Es cierto que el panorama político actual parece poco propicio para esos consensos en el ámbito parlamentario; pero eso no rebaja la urgencia de estas actuaciones. Por ello, es preciso diseñar ya esa estrategia de país, y comenzar a tejer las necesarias complicidades con los únicos instrumentos útiles para ello: el diálogo y la negociación.

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